La Audiencia Nacional de España decidió abrir una investigación contra dos altos mandos militares de Israel por el presunto delito de detención ilegal, tras el abordaje de la Flotilla Global Sumud ocurrido el 1 de octubre de 2025. La embarcación transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza cuando fue interceptada por fuerzas israelíes en alta mar. La decisión fue adoptada por el juez Francisco de Jorge, quien admitió a trámite dos querellas presentadas por organizaciones políticas y ciudadanos.

La investigación alcanza al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, y a Ram Rothberg, identificado en la resolución judicial como comandante de la Marina israelí. El magistrado resolvió continuar el proceso pese al criterio contrario de la Fiscalía y consideró que existen fundamentos para investigar los hechos debido a que varias de las embarcaciones involucradas navegaban bajo bandera española, lo que otorgaría competencia a la justicia de ese país.

Como parte de las diligencias, el juez solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que informe si asumirá la investigación de estos hechos dentro de los procesos abiertos por presuntos delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. En caso contrario, la justicia española continuará de manera independiente con las actuaciones relacionadas con la supuesta privación ilegal de libertad de los tripulantes.

La resolución precisa que la investigación se limitará a los posibles delitos cometidos a bordo de las embarcaciones españolas, amparándose en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que estos buques permanecen bajo jurisdicción española cuando se encuentran en alta mar, salvo excepciones que, según el juzgado, no se aplican en este caso.

El caso se remonta al operativo militar ejecutado por Israel a unas 70 millas náuticas de la costa, donde efectivos armados tomaron el control de varias naves de la flotilla humanitaria y retuvieron a sus ocupantes. La decisión de la justicia española marca un nuevo episodio en el debate internacional sobre las operaciones militares en torno a Gaza y la protección de las misiones civiles de asistencia humanitaria.