Ecuador inicia un nuevo capítulo en su crisis política luego de que se concretara la disolución de la Asamblea Nacional. Se trata de una acción del presidente Guillermo Lasso amparada por la Constitución de Ecuador publicada en el 2008 que se asemeja a una de las facultades del presidente peruano respaldado por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, existen grandes diferencias entre ambas.
La Carta Magna ecuatoriana, a diferencia de la peruana, deja a criterio del mandatario la disolución de la Asamblea Nacional. Este podrá hacerlo cuando “a su juicio, esta (el Parlamento) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente” mientras que en el caso peruano deberá esperar que el Congreso haya negado hasta en dos oportunidades la confianza al Consejo de Ministros.
La Constitución ecuatoriana también señala que la disolución se podrá dar cuando la Asamblea Nacional obstruya de manera reiterada e injustificada “la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”. En el decreto publicado, el presidente Lasso da cuenta de una crisis de legitimidad de políticos e instituciones confirmada por diversas encuestas de opinión.
La llamada “muerte cruzada” adopta dicho nombre ya que supone el cese de funciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Este último seguirá gobernando por decreto hasta que la población vote por una nueva Asamblea y una nueva fórmula presidencial mientras que en el caso peruano, el jefe de Estado sigue en el poder hasta completar el periodo constitucional por el que fue elegido.
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