Magaly Medina denunció que viene siendo extorsionada con una exigencia de 1 millón de dólares a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. La conductora mostró en televisión un mensaje de WhatsApp atribuido a presuntos delincuentes y afirmó que estos mencionaron el secuestro del minero Jens Lara como parte de sus amenazas.

Durante su programa, la figura de ATV reveló que los presuntos extorsionadores aseguraron conocer sus movimientos, los de su esposo Alfredo Zambrano y detalles relacionados con los lugares que frecuenta. También hicieron referencia a su vivienda y a la parroquia donde realiza servicio comunitario.

Según Medina, el grupo detrás de las amenazas sería ‘Los pulpos’ de Trujillo, aunque esta versión deberá ser determinada por las autoridades encargadas de investigar el caso.

La conductora también vinculó públicamente esta situación con Jefferson Farfán, a quien responsabilizó de haber expuesto información personal que, según sostuvo, habría incrementado su nivel de riesgo.

Medina señaló que el exfutbolista difundió que ella había terminado de pagar los S/350 000 de reparación civil impuestos por el Poder Judicial tras un proceso judicial. Además, cuestionó que Farfán hubiera revelado información sobre la parroquia donde cumple su servicio comunitario y sobre los desplazamientos de su vehículo.

“Todo esto lo ha puesto en evidencia y ha puesto mi seguridad y la de mi familia en serio riesgo”, sostuvo la presentadora al referirse al exfutbolista.

La conductora también aseguró que Farfán tendría interés en que vuelva a prisión, luego del conflicto judicial que ambos mantienen. En ese contexto, cuestionó las razones por las que el exfutbolista continuaría refiriéndose públicamente a ella.

“Yo no entiendo qué es lo que pretende”, manifestó Medina, quien sostuvo que no tendría inconvenientes en cumplir una eventual decisión judicial, pero rechazó que esta pueda estar motivada por una supuesta intención de revancha.

Mientras tanto, las amenazas expuestas por la conductora deberán ser investigadas para determinar quiénes enviaron los mensajes, si pertenecen realmente a alguna organización criminal y si existe un riesgo concreto contra Medina y su familia.