Darling Hurtado P. fue sentenciado a cadena perpetua por los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual y violación sexual en agravio de una menor de edad en el distrito de Cayma. Además, deberá pagar una reparación civil de S/10 000 a favor de la víctima, según dispuso el Poder Judicial tras la acusación sustentada por el Ministerio Público.

El caso, que permaneció oculto durante varios meses, salió a la luz luego de que la adolescente reuniera el valor para contar a sus familiares los abusos que había sufrido cuando tenía apenas 12 años. La denuncia permitió iniciar una investigación que culminó con una de las sanciones más severas contempladas en la legislación peruana.

SUCESO. Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2020, cuando el ahora sentenciado se mudó a la vivienda donde residía la menor en el distrito de Cayma. Aprovechando la convivencia y el contexto de aislamiento por la pandemia, realizó en reiteradas ocasiones actos indebidos contra la víctima, a quien pedía guardar silencio prometiéndole que no volvería a ocurrir.

Con el paso del tiempo, las agresiones escalaron hasta convertirse en una violación sexual. De acuerdo con la investigación fiscal, el acusado incluso entregó un teléfono celular a la adolescente con la finalidad de evitar que revelara lo sucedido a sus familiares.

La víctima recién pudo contar lo ocurrido en enero de 2021. Sus familiares interpusieron la denuncia y se inició un proceso que incluyó exámenes médico-legales, peritajes psicológicos, testimonios y otros elementos probatorios. Según la Fiscalía, los abusos tuvieron graves consecuencias en la salud emocional de la menor, quien registró una disminución en su rendimiento académico e incluso atentó contra su vida.

JUICIO. Durante el juicio, la fiscal adjunta Daniela Miranda Ojeda logró que el Poder Judicial condenara a cadena perpetua a Darling Hurtado P., tras acreditar los delitos con la declaración de la víctima, exámenes médico-legales, peritajes psicológicos y testimonios presentados durante el juicio. Sin embargo, la ejecución de la sentencia quedó suspendida hasta que sea confirmada en una instancia superior.

Mientras tanto, el sentenciado deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas no comunicarse con la agraviada ni con sus familiares, presentarse periódicamente ante el juzgado y no abandonar su lugar de residencia. En caso de incumplimiento, será recluido en un establecimiento penitenciario.