El anuncio de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, de evaluar incluir al premier Eduardo Arana en la investigación contra Juan José Santiváñez, marca un punto de inflexión político y judicial.
El caso ya compromete seriamente al ministro de Justicia, acusado de recibir 20 000 dólares y de solicitar favores indebidos en beneficio de un cliente. Ahora, la sombra alcanza directamente al jefe del gabinete.
El audio difundido por Panorama, donde Santiváñez pide a Arana interceder en un traslado penitenciario a un preso de crimen organizado, es más que un detalle administrativo. Refleja presunta coordinación política para favorecer a un interno.
La defensa oficial apunta a la presunción de inocencia. Sin embargo, la gravedad radica en la deslegitimación del discurso gubernamental sobre transparencia y lucha contra la corrupción. No es una acusación menor.
Si la Fiscalía amplía la investigación, el Ejecutivo enfrentará no solo un problema judicial, sino una crisis política de envergadura. Un gabinete bajo sospecha erosiona la confianza en la gestión estatal.
El Parlamento ya conversó con ambos funcionarios, Arana dijo que él recomendó a Santivánez para que sea ministro de Justicia y niegan la veracidad de los audios del escándalo. Las explicaciones ofrecidas hasta ahora son insuficientes frente a la contundencia de las pruebas. Negar el problema no hará más que profundizar el desgaste gubernamental.
En un país con instituciones frágiles, este caso es una prueba decisiva: demostrar si la justicia alcanza también a los más altos cargos o si la impunidad vuelve a imponerse sobre la legalidad.
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