La inseguridad ya no solo se mide por la cantidad de delitos. En Arequipa, el problema más grave es que los ciudadanos están dejando de confiar en las instituciones encargadas de protegerlos.

La encuesta de percepción de seguridad y victimización 2025 de la Universidad Católica San Pablo revela que tres de cada diez arequipeños fueron víctimas de un delito durante el último año. Sin embargo, la cifra más alarmante es otra: más del 72 % de las víctimas no denunció lo ocurrido.

Cuando una persona decide no acudir a la Policía porque cree que no obtendrá ayuda, se rompe el vínculo básico entre el ciudadano y el Estado. La encuesta confirma esa crisis de confianza. 

Más de la mitad de los consultados califica como pésima la labor de la Policía y una proporción similar asegura no confiar en ella. La situación se repite con el Serenazgo y otras instituciones públicas, que reciben evaluaciones mayoritariamente negativas.

Las consecuencias son visibles en la vida diaria. El miedo obliga a muchas personas a cambiar sus rutas, evitar determinados distritos o limitar sus actividades nocturnas. 

La inseguridad termina restringiendo la libertad de los ciudadanos y altera la forma en que se relacionan con su propia ciudad. A ello se suma el deterioro de los espacios públicos, reflejado en la mala iluminación, las veredas en mal estado y el consumo de alcohol en las calles.

La principal lección de esta encuesta es clara: Arequipa no solo necesita reducir los delitos, sino recuperar la confianza ciudadana. 

Sin denuncias, sin credibilidad en las autoridades y sin presencia efectiva del Estado, cualquier estrategia de seguridad estará incompleta. Combatir la delincuencia es urgente, pero reconstruir la confianza de la población es indispensable.