El arresto de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no es solo un hecho policial de alcance internacional; es, sobre todo, un sismo para el derecho constitucional latinoamericano. Desde el ámbito constitucional, no puedo observar este episodio sin una incomodidad profunda: la que surge cuando los principios clásicos chocan con realidades políticas degradadas.
Desde hace años, Venezuela vive una ruptura progresiva de su orden constitucional. Las elecciones de 2018 y 2024, severamente cuestionadas, consolidaron un escenario de legitimidad erosionada, con poderes públicos cooptados, Parlamento neutralizado y una represión sistemática de la disidencia. La Constitución quedó en pie como símbolo, pero vaciada de eficacia. Ese es el terreno del constitucionalismo abusivo: usar la legalidad para perpetuar el poder y neutralizar controles.
En ese contexto irrumpe Estados Unidos, actuando —en los hechos— como fiscal, juez y verdugo. La captura de un presidente en ejercicio, sin consentimiento del Estado territorial, tensiona al máximo el principio de soberanía y no intervención. La doctrina internacional es clara: se trata de un uso de la fuerza contrario a la igualdad soberana. Sin embargo, Washington justifica la operación bajo la lógica de la jurisdicción penal extraterritorial frente a delitos transnacionales, calificando a Maduro no como jefe de Estado legítimo, sino como líder de facto sostenido por fraude y represión, en una narrativa que recuerda al caso Noriega.
El escenario se vuelve aún más complejo si se considera que Venezuela ya estaba bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias. Aquí emerge una doble responsabilidad: la del Estado que incumple su deber de garantizar derechos y la penal personal del gobernante, rompiendo la histórica inmunidad presidencial.
¿Estamos ante un golpe final al constitucionalismo o ante un límite externo a un poder que ya desbordó la Constitución? Para algunos, es un precedente peligroso de justicia selectiva e imperial. Para otros, la soberanía quedó vacía cuando el Estado se convirtió en maquinaria de represión. Lo cierto es que millones de venezolanos huyeron clamando justicia y democracia; casi dos millones lo confirman desde nuestro país.
El tiempo dirá si se trató del desmantelamiento de un narco-Estado o de una excusa geopolítica. Pero el debate ya está abierto y es incómodo: ¿hasta dónde resiste la soberanía cuando el Estado delinque? Y, más aún, ¿qué riesgos implica que ese límite lo imponga otro poder? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
