El panorama político del Perú en 2025 se presenta como un reflejo de las tensiones acumuladas en los últimos años. Con una aprobación presidencial que ha tocado mínimos históricos y una serie de investigaciones por corrupción que alcanzan al entorno cercano de la mandataria Dina Boluarte, la confianza ciudadana en las instituciones continúa erosionándose. Este es un patrón que se ha repetido en la política peruana, donde la inestabilidad y los escándalos parecen ser la norma más que la excepción, afectando tanto la gobernabilidad como la percepción internacional del país.
La posibilidad de procesos legales contra la presidenta, debido a las investigaciones sobre las muertes en las protestas de 2022 y 2023, suma otra capa de incertidumbre al escenario político. Aunque las elecciones generales están previstas para 2026, el clima político de 2025 estará marcado por una oposición fragmentada y un Ejecutivo que lucha por mantenerse a flote. Esto podría derivar en un desgaste político que dificulte aún más la implementación de políticas públicas necesarias para responder a las demandas ciudadanas.
En este contexto, el Perú necesita replantear su rumbo político con miras a la estabilidad y la consolidación democrática. Será clave fortalecer las instituciones, combatir la corrupción con firmeza y, sobre todo, reconectar a la clase política con las necesidades de una ciudadanía que demanda cambios profundos. Si bien los retos son inmensos, el potencial de superarlos radica en un liderazgo comprometido con la transparencia y el bienestar colectivo, algo que el país no puede seguir postergando.
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