El Congreso ha recibido un proyecto de ley que propone exonerar del impuesto general a las ventas (IGV) la compra e importación de cámaras de vigilancia y sus equipos asociados, pero solo para entidades públicas vinculadas a la seguridad ciudadana.
En términos simples, la iniciativa busca que municipios, gobiernos regionales y otras instituciones del Estado puedan adquirir cámaras, repuestos y equipos de mantenimiento sin pagar el 18 % de IGV, reduciendo así el costo total de estas compras.
El argumento central es que la inseguridad ciudadana ha crecido y que muchos gobiernos locales no cuentan con presupuesto suficiente para implementar o ampliar sistemas de videovigilancia. Al eliminar el impuesto, se pretende que más recursos se destinen directamente a tecnología de control y monitoreo.
Es importante aclarar que esta exoneración no aplica a personas naturales ni a empresas privadas. Está dirigida exclusivamente al sector público y requiere un reglamento del Ejecutivo para entrar en vigencia, además de la opinión técnica del Ministerio de Economía.
Sin embargo, el debate va más allá del impuesto. La experiencia en varias ciudades muestra que instalar cámaras no garantiza por sí sola una reducción del delito si no existen centros de monitoreo operativos, personal capacitado, mantenimiento permanente y coordinación con la Policía.
Además, exonerar el IGV implica que el Estado deja de recaudar impuestos. Por ello, resulta clave evaluar si el beneficio en seguridad compensa esa menor recaudación y si las compras se harán con criterios de eficiencia, transparencia y control. Este proyecto abre una discusión necesaria: cómo invertir mejor en seguridad. La tecnología puede ser una aliada importante, pero solo si se integra en una política pública clara, con planificación, supervisión y resultados medibles para la ciudadanía.
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