Vladimir Cerrón reapareció para contar que, durante casi tres años en los que estuvo fuera del alcance de las autoridades, habría permanecido en territorio peruano. La afirmación resulta sorprendente por una razón elemental: mientras la Policía lo buscaba, él asegura que estuvo cerca, concedió entrevistas, apareció en medios y mantuvo actividad política. Si lo dicho es cierto, no estamos ante una anécdota para la burla, sino ante una preocupante radiografía de las debilidades de la inteligencia policial.
Cerrón aprovechó su reaparición para cuestionar precisamente esa incapacidad y hasta burlarse de la Policía. Tiene derecho a criticarla, pero el asunto debería tomarse con seriedad. Una institución que no puede ubicar durante años a una persona buscada, mientras esta mantiene presencia pública, difícilmente puede transmitir confianza cuando promete enfrentar organizaciones criminales mucho más peligrosas. La inteligencia policial necesita tecnología, profesionalismo y resultados, no explicaciones posteriores.
Pero el dirigente de Perú Libre fue más allá y pidió un indulto para Pedro Castillo. Sostuvo que el expresidente ya habría cumplido suficiente tiempo en prisión y atribuyó su decisión del 7 de diciembre de 2022 a la «inexperiencia», «ignorancia» y «arrogancia». Incluso afirmó que Castillo habría sido utilizado como parte de una estrategia para luego convertirlo en responsable de lo ocurrido. Estas afirmaciones forman parte de la interpretación política de Cerrón y no modifican, por sí mismas, las decisiones que correspondan a las autoridades judiciales.
Aquí aparece una paradoja que el país debería discutir con serenidad. El mismo dirigente que cuestiona al Estado por no haberlo encontrado durante años reclama ahora una medida de gracia para otro expresidente procesado por hechos que siguen teniendo consecuencias políticas y judiciales. El Perú necesita instituciones capaces de encontrar a quienes deben responder ante la justicia, pero también dirigentes que comprendan que la democracia no puede funcionar según conveniencias políticas. La inteligencia policial debe mejorar, las decisiones judiciales deben respetarse y cualquier pedido de indulto debe evaluarse conforme a la ley, no como recompensa política.
