Hace cinco días cambiamos de año. 2026 ya empezó. Este año, Perú decidirá su rumbo en las urnas. Partimos de hechos claros: indicadores internacionales que evidencian nuestros problemas, sin margen de evasivas.
Uno de ellos es el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Entre inicios del siglo XXI y 2014, el Perú logró reducir esa brecha: de 0.54 a cerca de 0.43. Ese periodo se vinculó a crecimiento sostenido, programas sociales y mejoría del empleo. Sin embargo, luego el avance se detuvo y la última década fue de estancamiento. Durante la pandemia hubo retroceso y luego solo una recuperación parcial. Hoy el Gini peruano ronda 0.40–0.42. Es mejor que Colombia o Brasil, pero aún lejos de Uruguay o Chile.
El dato incomoda porque un Gini sobre 0.40 prueba que el crecimiento no se convierte en oportunidades. Persisten desigualdades urbanas y rurales. Hay brechas regionales y una informalidad laboral que supera el 70 %. Esta desigualdad limita el acceso a la calidad en educación, salud y seguridad. También erosiona la cohesión social.
El Índice de Progreso Social es otro termómetro clave. En el IPS Mundial 2025, Perú cayó al puesto 84 de 170, su peor resultado. La nota, 67.6 sobre 100, muestra retrocesos en necesidades básicas y bienestar. Existen debilidades en seguridad, saneamiento y nutrición.
Aunque a veces hay menos rezago, el país no convierte libertades en movilidad social. Esto es más evidente entre jóvenes y poblaciones rurales.
La comparación regional es clara. Chile y Uruguay, con economías menos dependientes de materias primas y estados más estables, logran mejores resultados sociales. Venezuela es el otro extremo: muestra cómo la inestabilidad política y el colapso institucional destruyen décadas de progreso en poco tiempo. Perú, en el grupo medio, enfrenta el riesgo de una deriva silenciosa: no un colapso abrupto, sino un deterioro persistente.
El desafío del 2026 no es menor. No basta con prometer crecimiento del PBI. La evidencia muestra que, sin instituciones sólidas, servicios públicos eficaces y un enfoque territorial claro, el crecimiento se concentra y la desigualdad aumenta. La seguridad ciudadana, la informalidad laboral, la baja productividad y la fragilidad de la educación y la salud no son asuntos sectoriales: son el núcleo del problema.
A cinco días de iniciado el año electoral, conviene decirlo sin rodeos. El Perú no necesita discursos grandilocuentes ni ofertas sin respaldo técnico. Necesita políticas que reduzcan brechas medibles y recuperen la confianza en el Estado. La historia reciente demuestra que avanzar es posible; los indicadores actuales advierten que retroceder también lo es.
Al final, el 2026 pondrá a prueba algo más que programas de gobierno. Pondrá a prueba nuestra capacidad de elegir un rumbo que no deje a la mayoría mirando el progreso desde la vereda. Y esa decisión, como casi todas las importantes, no será solo técnica. Será profundamente moral. Será personal.
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