El debate sobre una eventual sanción penal a la apología agravada de la violencia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo combatir los discursos que pueden alentar hechos violentos sin convertir la ley en una herramienta para silenciar opiniones? En una democracia, la protesta, la crítica y hasta las expresiones incómodas deben tener espacio, pero ese derecho no puede confundirse con promover agresiones, destrucción o ataques contra otras personas.
El problema aparece cuando se pretende establecer límites sin definirlos con suficiente precisión. Una norma demasiado amplia podría terminar alcanzando a dirigentes, periodistas, ciudadanos o manifestantes que cuestionen al poder sin necesariamente incitar a cometer delitos.
Por eso, cualquier reforma debe diferenciar claramente entre opinar, protestar, cuestionar y convocar a la violencia. El Estado tiene la obligación de proteger el orden público, pero también de garantizar que nadie sea perseguido simplemente por expresar una posición política distinta.
El Perú necesita recuperar autoridad frente a la violencia, pero también necesita instituciones capaces de ejercerla con prudencia y proporcionalidad. No se trata de escoger entre seguridad y libertad, sino de defender ambas.
Si una persona cruza deliberadamente la línea y utiliza su influencia para promover violencia, debe responder ante la justicia; si únicamente expresa una crítica, aunque resulte incómoda, debe poder hacerlo. En democracia, el desafío no consiste en que todos pensemos igual, sino en garantizar que nuestras diferencias jamás terminen justificando la violencia.
