La amenaza contra la fiscal Margarita Haro no es un hecho aislado: es un golpe directo a la columna vertebral de la justicia peruana. Cuando una representante del Ministerio Público es intimidada por una organización criminal, el mensaje no se dirige solo a ella, sino a todos los que aún creen en la ley. En Lima Este, donde la violencia y la extorsión se han vuelto parte del paisaje cotidiano, la fiscal Haro simboliza algo que los delincuentes no soportan: la posibilidad de que el Estado los alcance.
El Ministerio Público confirmó que las amenazas provienen de la banda conocida como Los pepes de San Juan de Lurigancho, liderada por el alias “El colocho”. Buscan obligar a la fiscal a apartarse de la investigación contra Los chukys de Juan Pablo II, un grupo implicado en extorsión, armas ilegales y crimen organizado. No es casualidad: cada vez que la justicia se acerca a las redes del poder criminal, aparece el miedo como herramienta de disuasión. Pero el silencio y la cobardía no pueden ser opciones.
Lo que está en juego va más allá de un caso judicial. Se trata de la autoridad del Estado frente a mafias que ya no temen enfrentarlo. La criminalidad en el Perú alcanza un nivel alarmante: ya no teme a nadie ni respeta límites. Las bandas organizadas no solo extorsionan y asesinan, sino que ahora desafían directamente a las autoridades que las investigan. Este nuevo escenario refleja una peligrosa pérdida de control del Estado frente a grupos capaces de amenazar jueces, fiscales y policías con total impunidad. El mensaje es claro: el crimen ya no se esconde, se enfrenta y busca imponer su propia ley.
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