Las elecciones regionales y municipales deberían ser una fiesta democrática, pero el proceso de 2026 llega a su recta final acompañado de una preocupación que no puede ser ignorada: amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos.

El Jurado Nacional de Elecciones reportó 83 casos conocidos de amedrentamiento, extorsión y violencia contra postulantes, de los cuales 23 se registraron solamente durante los últimos nueve días. La cifra adquiere mayor gravedad después del asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo durante un acto de campaña en Caraz.

No estamos hablando solamente de seguridad personal. Cuando un candidato recibe amenazas para abandonar una campaña, cuando una familia vive bajo presión o cuando un periodista es asesinado durante una actividad política, también se afecta el derecho de los ciudadanos a conocer distintas propuestas y elegir libremente.

El problema alcanza a diversas organizaciones políticas y varias regiones del país. El JNE identificó mayor concentración de incidentes en Lima, Lima Provincias, La Libertad, Áncash y Cajamarca, además de reportar casos en San Martín y Huancavelica. La violencia, por tanto, no parece limitada a una localidad.

Ante esta realidad, el organismo electoral puso a disposición un manual con lineamientos preventivos para candidatos, equipos y entornos políticos. Es una herramienta necesaria, pero difícilmente suficiente si el Estado no cuenta con capacidad policial para responder ante una amenaza concreta.

Hay más de 10 000 candidatos en las elecciones regionales y municipales, según la funcionaria del JNE, y el país enfrenta limitaciones de efectivos policiales. Esa realidad obliga a pensar en mecanismos de prevención, inteligencia y coordinación que permitan proteger a quienes participan en política sin convertir cada campaña en un ejercicio de supervivencia.

Pero también existe una responsabilidad de las propias organizaciones políticas. No basta con inscribir candidatos y acompañarlos durante la campaña. Los partidos y movimientos deben establecer protocolos, identificar riesgos, denunciar oportunamente las amenazas y garantizar que sus candidatos puedan desarrollar actividades sin quedar expuestos innecesariamente.

El ciudadano también tiene un papel. Una democracia bajo amenaza corre el riesgo de que el miedo termine seleccionando quién puede hacer campaña y quién decide retirarse. Si la violencia consigue sacar candidatos de una elección, termina alterando indirectamente la voluntad de los electores.

Por eso, proteger a los candidatos no significa otorgar privilegios. Significa proteger el proceso democrático. Cada amenaza que no se investiga, cada extorsión que queda impune y cada ataque que no encuentra responsables transmite un mensaje peligroso: que la violencia puede convertirse en otro actor de las elecciones.

El 4 de octubre, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales. La democracia necesita votos, pero también necesita que esos votos sean emitidos en un escenario donde nadie tenga que escoger entre participar y ponerse en peligro. La seguridad electoral también es democracia.