Como periodistas, nuestro deber es informar con rigor y defender la verdad, especialmente en casos donde la transparencia en la administración pública se pone en duda. El caso de Depósito Santa Beatriz EIRL y los contratos otorgados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no es una acusación ligera ni carece de fundamentos. Por el contrario, está respaldado por documentos oficiales que evidencian una serie de presuntas irregularidades, desde vínculos laborales y familiares hasta posibles conflictos de interés, situaciones que demandan atención inmediata de los órganos de control.
Es importante recordar que la Constitución y las leyes amparan el ejercicio del periodismo en defensa del interés público. Nuestra labor es revelar hechos, no fabricarlos. Cuando señalamos que existe un presunto conflicto de intereses entre una servidora pública y los contratos adjudicados a una empresa de su entorno familiar, lo hacemos basándonos en las normativas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y el Código Penal, no en interpretaciones subjetivas. La búsqueda de justicia no es una cuestión de interpretación personal, sino de cumplimiento estricto de la ley.
El intento de silenciar las investigaciones periodísticas a través de querellas infundadas no solo atenta contra la libertad de prensa, sino también contra el derecho de la ciudadanía a estar informada. La legalidad no se interpreta según conveniencias particulares, debe cumplirse tal como está establecida. Por ello, reiteramos nuestra posición: este caso debe ser investigado por las autoridades correspondientes y resuelto conforme a derecho. La verdad y la transparencia son pilares de toda democracia, y quienes trabajan por ellas no deberían ser perseguidos, sino respaldados.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
