El gobierno de Keiko Fujimori solicitó facultades legislativas para abordar materias como seguridad ciudadana, reforma estatal y desarrollo productivo. Sin embargo, ya seis comisiones del Congreso votaron en contra, incluyendo Justicia y Derechos Humanos, Energía y Minas, Producción, Infraestructura y Vivienda, Ciencia e Innovación, entre otras. Este rechazo refleja la falta de consenso y la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La oposición argumenta que el pedido del Ejecutivo carece de precisión y delimitación, lo que podría abrir la puerta a excesos en la aplicación de medidas. Los informes adversos señalan que las propuestas son demasiado generales y no especifican los alcances de las reformas. La falta de claridad en los objetivos ha sido uno de los principales motivos para negar las facultades, debilitando la posición del gobierno en su intento de avanzar con rapidez en temas sensibles.

A este escenario político se suma la percepción de falta de capacidad del Ejecutivo en mes y medio de gestión. La inseguridad ciudadana continúa en aumento, con cifras de delitos que preocupan a la población y sin políticas efectivas que logren contener la violencia. El gobierno ha prometido reformas, pero la ausencia de resultados concretos incrementa la desconfianza ciudadana y fortalece las críticas de la oposición.

El panorama muestra que el Ejecutivo tendrá que bregar duro para gobernar en medio de una confrontación marcada con el Congreso y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas. La falta de facultades legislativas limita su margen de acción, y la inseguridad se convierte en un símbolo de la incapacidad gubernamental.