El reciente incremento del pasaje urbano en Arequipa vuelve a poner sobre la mesa un problema que la ciudad arrastra desde hace años: la falta de una política de transporte público transparente, técnica y orientada al ciudadano. El Sistema Integrado de Transporte (SIT), que prometía modernizar el servicio y garantizar tarifas justas, hoy se convierte en un símbolo de improvisación y desconfianza. Los usuarios sienten que pagan más por un servicio que no mejora: buses antiguos, frecuencias irregulares, paraderos inseguros y una gestión que parece más preocupada por complacer a los consorcios que por defender al pasajero.

El alza del pasaje no puede justificarse únicamente en el aumento de costos operativos. Una ciudad que busca ser moderna debe priorizar la movilidad accesible y sostenible. Sin embargo, en Arequipa, la tarifa se ajusta sin estudios públicos, sin audiencias transparentes y sin un verdadero control social. El ciudadano queda relegado a la condición de espectador, obligado a aceptar decisiones que afectan directamente su bolsillo y su calidad de vida.

En este escenario, el papel del alcalde provincial resulta cuestionable. Su silencio frente al incremento transmite la idea de un liderazgo ausente, incapaz de defender a la población frente a intereses privados. El alcalde no puede limitarse a ser un mediador pasivo; su responsabilidad es garantizar que el SIT funcione como un sistema público regulado, con reglas claras y beneficios tangibles para la ciudad. Callar ante el alza es renunciar a la defensa del bien común.

Arequipa necesita un transporte digno, eficiente y justo. El aumento del pasaje, sin transparencia ni mejoras, es un golpe directo a la confianza ciudadana. El alcalde debe recordar que gobernar implica tomar posición: o se está del lado de los usuarios, o se cede ante la presión de los operadores. La ciudad espera respuestas, no excusas.