Los recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) nos asestan un golpe de realidad trágico e ineludible: una década entera de progreso educativo se ha desvanecido. En el Perú, la caída en comprensión lectora y razonamiento matemático desnuda una crisis profunda que la propaganda oficial pretende maquillar con pantallas e internet. 

Vivimos bajo la ilusión del aprendizaje, donde la tecnología no está formando mentes brillantes, sino acelerando un proceso de atropia cognitiva masiva. Permitir que los estudiantes deleguen su capacidad de analizar, resumir o dudar a un algoritmo a cambio de una nota rápida no es modernidad; es privar a las nuevas generaciones del pensamiento autónomo y condenarlas a la esclavitud de la superficialidad digital.

A esta crisis pedagógica se suma la cruda segregación social que carcome nuestro sistema educativo. La prueba PISA ha dejado en evidencia que la supuesta superioridad de la educación privada es una falacia en la mayoría de los casos; salvo excepciones elitistas, el sector de bajo costo opera como un cascarón vacío que lucra con el sacrificio de las familias. 

La tragedia se agrava dramáticamente en el ámbito rural, donde nueve de cada diez niños no alcanzan el nivel básico en matemáticas. Resulta moralmente inaceptable exigir estándares del siglo XXI a menores que intentan aprender en aulas de calamina sin agua ni luz, mientras más de 25 mil locales escolares se derrumban por el abandono sistemático del Estado. Sin infraestructura digna, cualquier discurso de reforma curricular es una burla impune.

No podemos seguir dejando solos a los docentes en la primera línea de fuego, enfrentando aulas dominadas por la hiperconectividad y el déficit de atención sin herramientas ni capacitación de vanguardia. El fracaso educativo no se resuelve llenando colegios con tecnología sin propósito ni acumulando trámites burocráticos; exige dignificar la labor magisterial, priorizar la inversión real en infraestructura y rescatar el rigor del pensamiento crítico en las aulas. Si las autoridades y la sociedad no asumen hoy la urgencia de frenar esta estafa formativa, estaremos condenando al Perú a un atraso irreversible. Defender la educación pública y exigir calidad no es un tema presupuestal, es el deber ético más urgente para rescatar el futuro de nuestros hijos.