El Consejo Fiscal acaba de lanzar una alerta que debería sacudir a todo el país: el Congreso del Perú se ha convertido en un exterminador del fisco. En casi cinco años, los legisladores aprobaron 229 leyes con impacto económico negativo, comprometiendo más de 35 mil millones de soles al año. Este Congreso, amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional que amplió su poder para proponer gasto, ha perforado la caja fiscal y dejado al Estado sin capacidad de ahorro frente a emergencias como sismos o nuevas crisis sanitarias. Es decir, legisla como si el futuro no existiera.
El Parlamento no solo ha sido irresponsable, sino también populista. Cada proyecto aprobado —muchos por insistencia, tras ser observados por el Ejecutivo— responde más a cálculos electorales que a un análisis financiero serio. Bonificaciones, incrementos, beneficios y fondos especiales son presentados como gestos sociales, pero en realidad se pagan con deuda pública. Lo más grave es que el Ejecutivo también es cómplice: 128 de estas leyes fueron promulgadas sin observación alguna. Cuando el Congreso gasta sin control y el Gobierno calla, la factura la pagan los ciudadanos, con inflación, desempleo y deterioro de los servicios básicos.
Las advertencias del Consejo Fiscal son contundentes: si esta tendencia continúa, el déficit podría superar el 5 % del PBI y la deuda pública duplicarse en diez años. Eso significa hipotecar la estabilidad del país. No se trata de oponerse a mejorar sueldos o pensiones, sino de entender que un Estado sin equilibrio financiero es un Estado sin futuro. Las leyes que regalan dinero hoy crean pobreza mañana. Nadie puede gobernar un país que se endeuda para sobrevivir.
El Congreso debe legislar con responsabilidad, no con demagogia. El fisco no es un pozo sin fondo ni una billetera electoral. El dinero público pertenece a todos los peruanos, incluidos los que aún no nacen. Si los legisladores siguen gastando sin medir las consecuencias, no harán historia por su patriotismo, sino por su temeridad. La verdadera política no consiste en prometer más, sino en garantizar que el país tenga con qué cumplirlo.
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