El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta una creciente presión institucional y social para definir criterios claros y equitativos en el tratamiento de internos que, por su perfil político o mediático, no encajan en la categoría de “presos comunes”. Casos recientes como el del expresidente Martín Vizcarra, trasladado nuevamente al penal de Barbadillo tras una polémica decisión administrativa, y el de la expremier Betssy Chávez, quien denuncia hostigamiento y corrupción en el penal de mujeres de Chorrillos mientras protagoniza una huelga de hambre seca, evidencian vacíos normativos y riesgos de manipulación política en el sistema penitenciario.
La reubicación de Vizcarra, decidida por el INPE tras una solicitud del Ministerio de Justicia que apelaba al “honor” de haber ejercido la presidencia, plantea interrogantes sobre el uso de criterios simbólicos en lugar de técnicos. Esta flexibilidad, lejos de fortalecer la institucionalidad, abre la puerta a privilegios encubiertos y genera percepciones de impunidad.
En paralelo, la situación de Chávez, resistida por sus compañeras reclusas y acusada de conductas inapropiadas, ha derivado en una narrativa de victimización que amenaza con desviar la atención del proceso judicial en curso.
El INPE debe establecer protocolos diferenciados pero no excepcionales para internos de alto perfil, garantizando su seguridad sin caer en tratos preferenciales. Esto implica reforzar la clasificación penitenciaria con criterios objetivos, transparentes y verificables, además de asegurar que las decisiones de traslado o aislamiento respondan a razones penitenciarias y no a presiones políticas o mediáticas. La falta de coherencia en estos procedimientos no solo debilita la credibilidad del sistema, sino que permite que los internos utilicen su situación como plataforma de reivindicación o victimización.
En un contexto de polarización política y desconfianza institucional, el manejo de presos no comunes exige del INPE una postura firme, técnica y despolitizada. La administración penitenciaria no puede convertirse en un escenario de disputa simbólica ni en un espacio donde se negocien narrativas de poder. Por el contrario, debe ser un bastión de legalidad, donde la justicia se cumpla con imparcialidad y donde cada interno, sin importar su pasado político, reciba un trato digno, seguro y ajustado a la ley.
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