La justicia peruana vuelve a dar un giro que más parece un tropiezo. La reciente medida cautelar emitida por el juez Fidel Torres Tasso, que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, ha generado más confusión que claridad. Según fuentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la decisión no podría ejecutarse porque el magistrado no se pronunció sobre toda la Resolución 231-JNJ. En otras palabras: el fallo quedó incompleto.
Este vacío jurídico deja a la propia justicia en entredicho. Espinoza, que interpuso su acción de amparo contra todo el documento de la JNJ, terminó oralizando solo la parte que le convenía. Ese error procesal, o estrategia mal calculada, ha provocado que su supuesto retorno al cargo quede suspendido.
Mientras tanto, el Ministerio Público sigue atrapado en una pugna de poder que desgasta su credibilidad ante la ciudadanía.
El fondo del problema no está solo en los nombres —Benavides, Espinoza, Solari— sino en la falta de coherencia institucional. Un juez que dicta una medida sin resolver el total del caso, una funcionaria que elige qué parte acatar y un órgano constitucional que intenta interpretar lo que el magistrado omitió: esa es la radiografía de nuestro sistema de justicia. Lo que debería ser un proceso técnico se convierte en un pulso político.
Cada vez que el Ministerio Público se enfrenta a la JNJ, la justicia pierde terreno y la impunidad gana tiempo. La ciudadanía asiste perpleja a este espectáculo jurídico donde nadie parece tener la última palabra. Y mientras las instituciones se pelean por quién tiene la razón, los verdaderos delincuentes siguen gozando de libertad.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
