Otra vez surgió el escandaloso tema donde los médicos de los hospitales de Essalud y del Minsa, que derivan pacientes a laboratorios privados a cambio de una presunta comisión del 10%, es un asunto muy grave de ética, transparencia y posible corrupción, y debe investigarse.
Esta práctica ocurre hace años donde la propia normativa y documentación oficial peruana han identificado históricamente la derivación indebida de pacientes de establecimientos públicos hacia servicios privados como un riesgo de corrupción.
Hay prácticas que no deberían tener lugar jamás dentro de un hospital público: utilizar la necesidad y la enfermedad de un paciente para convertirla en una oportunidad de negocio. Algunos médicos se han convertido en meros mercantilista de la salud en perjuicio de pobladores, coincidentemente de bajos recursos económicos.
Si se confirma que algunos médicos que trabajan en hospitales del Estado derivan pacientes a laboratorios privados y reciben una comisión del 10 % por cada examen realizado, estaríamos ante una situación que merece una investigación inmediata y transparente. No se puede convertir la relación médico-paciente en un mecanismo de intermediación comercial.
El problema no es que un paciente pueda acudir a un laboratorio privado cuando realmente lo necesita. El problema aparece cuando la derivación responde a un interés económico del médico profesional y no a una necesidad médica. En ese momento, el paciente deja de ser tratado como una persona que necesita atención y pasa a convertirse, lamentablemente, en una fuente de ingresos.
Además, en el caso de los asegurados del SIS y Essalud, Susalud ha recordado que las atenciones cubiertas deben garantizarse sin que el paciente tenga que realizar gastos indebidos en los hospitales públicos.
Una comisión del 10 % —si se demuestra que existe— plantea preguntas que las autoridades no pueden ignorar: ¿cuántos pacientes fueron derivados?, ¿cuántos exámenes se solicitaron?, ¿eran realmente necesarios?, ¿qué laboratorios recibieron esas derivaciones?, ¿quién autorizó esas prácticas y cuánto dinero se habría generado?
La salud pública no puede funcionar con la lógica de “te envío al privado y gano un porcentaje”. El médico que trabaja en un hospital del Estado tiene una responsabilidad adicional: proteger al paciente y utilizar correctamente los recursos públicos.
Por eso, si existen denuncias concretas, corresponde que las autoridades sanitarias, los órganos de control y, de ser necesario, el Ministerio Público investiguen. Y si se comprueba que hubo médicos que cobraron comisiones por derivar pacientes, las sanciones deben ser ejemplares, incluso con penas de cárcel.
Recordemos lo que pasó en Arequipa, donde un médico derivó a un niño de un hospital público a una clínica privada para hacer una operación de fractura de muñeca, bajo la excusa que dio a los padres del menor que no había operaciones inmediatas. Cobró 2500 soles por la supuesta cirugía. Lamentablemente el niño de 7 años falleció. El traumatólogo Alex Limachi y el anestesiólogo Gonzalo Delgado son investigados por el Ministerio Público por presunto homicidio culposo y comercialización de productos sin garantía. Y, el Minsa dijo después que no era necesario una operación para curar la fractura.
Cuando un médico antepone una comisión a la necesidad del paciente, no estamos solamente frente a una falta administrativa. Estamos ante una peligrosa deformación de la medicina: hacer negocio con la enfermedad de los peruanos.
