Resulta muy difícil analizar temas importantes que no estén contaminados por desvalores que dañan las entrañas del país. Por ejemplo, la autoridad educativa ha revelado que en este año se denunciaron 4 394 violaciones sexuales a estudiantes de ambos sexos. En Arequipa se denunciaron 699 violaciones.  

Lastimosamente estas noticias se olvidan pronto porque la sociedad está acostumbrándose a priorizar sólo los escándalos, como el desatado durante la semana por la violación de un estudiante del colegio de la Naval, en Lima.

Corresponde preguntarnos, ¿por qué las instituciones educativas del país y los medios de comunicación social nunca mencionaron los otros 4 393 casos de violaciones a estudiantes? Al margen de la educación mediocre que se imparte en 52 mil escuelas públicas y en la mayoría de las privadas, las violaciones son sólo uno de los tantos flagelos que soportan millones de nuestros niños y adolescentes. Las causas están vinculadas a las nuevas políticas educativas que han socavado la autoridad de directores y profesores, amprando comportamientos anárquicos de los estudiantes.

Sumemos a ello, los hogares que olvidan su tarea primaria de formar hijos valorativos.

La reciente violación denunciada en el colegio Naval de Lima ha tenido que escalar a los peldaños del escándalo para despertar la atención del país, incluyendo la presidencial. Y la institucionalidad recién se pregunta qué hacer para que directores y profesores recuperen las atribuciones y facultades que les arrebataron leyes contrarias a la ética, la moral y la eficiencia pedagógica. Recién se habla en voz alta que nuestra juventud convive con la anarquía, la violencia verbal y física, las drogas y la ley del menor esfuerzo.

Pero no sólo las violaciones a nuestros estudiantes enlutan al país. Cuando estamos en el preámbulo de El Niño, 9 de las 12 comisiones de diputados negaron apoyar las atribuciones legislativas solicitadas por la presidenta, para enfrentar El Niño, la delincuencia y otros temas importantes.

Los diputados de Juntos por el País, que lideran estas oposiciones, también anunciaron que apoyarán la continuidad del REINFO, sin importarles que los 12 mil millones de dólares que genera anualmente el comercio ilegal del oro, sea la fuente financiera más importante de las bandas delincuenciales que destrozan nuestra institucionalidad y la seguridad del pueblo.

A los diputados de Juntos por el Perú y sus aliados, no les importa que 3 millones de compatriotas consuman pescados contaminados con el mercurio que utilizan para la explotación ilegal del oro, en los ríos de la Amazonía. Alegan defender el medio ambiente, pero ocultan que entre los años 2021 y 2025 los mineros ilegales quemaron 30 840 hectáreas de boques en Madre de Dios y emplearon 100 mil litros de mercurio. Su objetivo es hundir el barco de la legalidad y destruir el medio ambiente.