Faltan treinta y cuatro días para las elecciones generales. El país se prepara para elegir nuevas autoridades. Sin embargo, las cifras sobre los postulantes revelan un problema persistente.

Un análisis de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones muestra que 252 candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlamento Andino y a la Presidencia, de un total de X postulaciones revisadas, tienen al menos una sentencia penal firme. No todos los casos se deben a corrupción; también incluyen omisión de asistencia familiar o hurto. Pero este dato confirma una realidad incómoda: la política sigue atrayendo a personas con antecedentes judiciales.

La situación se vuelve más clara al ver la continuidad parlamentaria. Cincuenta y siete congresistas actuales postulan al Senado, veintinueve a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino. Parte del Congreso, que tiene la mayor desaprobación en la historia reciente, busca mantenerse en el poder bajo el nuevo sistema bicameral.

Especialistas en derecho electoral advierten que, aunque la ley establece límites al uso de recursos públicos, persisten vacíos de control que podrían favorecer a quienes hoy ejercen el poder. La competencia electoral no siempre se desarrolla en igualdad de condiciones.

La preocupación aumenta con el nuevo gabinete ministerial, encabezado por la primera ministra Denisse Miralles, que enfrenta cuestionamientos. Al menos seis ministros tienen investigaciones fiscales en trámite, según las declaraciones juradas.

Este escenario se desarrolla en un país donde la corrupción tiene raíces profundas. Algunos historiadores sostienen que su origen se remonta al Virreinato. El problema ha sobrevivido a regímenes, constituciones y generaciones políticas.

El índice de percepción de la corrupción 2025 confirma ese deterioro. El Perú ocupa el puesto 130 entre 182 países evaluados, con apenas 30 puntos sobre 100. En 2020 estaba en el puesto 94. Hoy se encuentra por debajo del promedio regional de las Américas.

Las cifras económicas evidencian su impacto. Según la Contraloría General de la República, el país pierde más de veinticuatro mil millones de soles al año por corrupción e inconducta funcional. Son hospitales que no se construyen, carreteras paralizadas y colegios inconclusos.
Durante años se explicó esta situación mediante el modelo principal-agente. Los ciudadanos delegan poder en funcionarios que pueden aprovecharse de su posición. La solución parecía evidente: vigilar y castigar con mayor severidad. Pero la experiencia demuestra que esa explicación resulta insuficiente.

La economía conductual muestra que las personas no deciden de forma racional perfecta. Actúan con información limitada y suelen imitar lo que perciben como normal. Si el entorno transmite que la corrupción es frecuente y que las sanciones son inciertas, el comportamiento indebido encuentra terreno fértil.

El economista Herbert Simon comparaba esta dinámica con una hormiga en la playa. Para comprender su trayectoria, no basta con observar al insecto. Hay que mirar la arena y los obstáculos que condicionan su camino.

Ocurre algo parecido con la corrupción. No basta señalar las manzanas podridas. Es necesario revisar el cesto. Porque ninguna reforma será suficiente mientras la sociedad tolere lo que debería rechazar.