La crisis de Essalud no se explica únicamente por la falta de recursos. También por malas decisiones y muchas veces por el peso político en una institución que administra fondos destinados a millones de asegurados.
La senadora Katherine Ampuero propuso dar solución a ese problema: modificar la elección de la Presidencia Ejecutiva para que sea el consejo directivo quien designe a su máxima autoridad. Actualmente, el Ejecutivo designa al representante estatal que ejerce esa función.

La discusión resulta pertinente porque el consejo directivo representa a tres sectores: Estado, empleadores y asegurados. Si se busca fortalecer la institucionalidad, corresponde evaluar si su composición puede convertirse también en un mecanismo efectivo de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la conducción.

Pero despolitizar no significa solamente cambiar quién firma una resolución. Significa establecer criterios profesionales para los nombramientos, transparentar las decisiones, evaluar resultados y evitar que cada cambio político termine convirtiéndose en otra modificación de rumbo para una entidad esencial.

El problema financiero también exige respuestas. Essalud mantiene una deuda de S/5624 millones por cobrar, según información presentada recientemente por su presidenta ejecutiva ante el Congreso. Esa realidad revela que la institución enfrenta dificultades de ingresos, recuperación de recursos y sostenibilidad.

Al mismo tiempo, los testimonios empresariales citados plantean otra preocupación: proveedores que aseguran esperar durante años el pago de servicios y productos entregados. Esas denuncias requieren documentación y respuesta institucional, pero no pueden ser ignoradas si afectan la continuidad de servicios esenciales.

Essalud necesita algo más que nuevos nombres en su Presidencia Ejecutiva. Necesita reglas que reduzcan la discrecionalidad, información pública sobre sus obligaciones, cronogramas verificables de pago y una conducción capaz de explicar qué decisiones toma, cuánto cuestan y qué resultados producen.

La discusión, entonces, no debería reducirse a quién controla Essalud. La pregunta verdaderamente importante es cómo conseguir que una institución financiada por los trabajadores responda primero ante sus asegurados y no ante los intereses circunstanciales del poder.

Porque cuando una institución sanitaria acumula deudas, cambia frecuentemente de autoridades y enfrenta cuestionamientos sobre sus nombramientos, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en una discusión urgente sobre gobernanza, transparencia y confianza pública.