La reciente aprobación por insistencia del Congreso peruano para crear 22 nuevas universidades públicas en 15 regiones del país ha reavivado el debate sobre la calidad de la educación superior. Aunque la medida busca cerrar brechas de acceso en zonas históricamente postergadas como Amazonas, Apurímac y Huancavelica, expertos advierten que esta expansión sin planificación técnica ni respaldo presupuestal podría representar un serio retroceso en los avances logrados por la reforma universitaria. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha señalado que muchas universidades aún no cumplen con las condiciones básicas de calidad, y sumar más instituciones sin garantizar estándares mínimos podría agravar el problema.
El exministro de Educación Óscar Becerra calificó la medida como populista e inviable, señalando que no existe presupuesto para infraestructura, personal docente calificado ni equipamiento adecuado. Además, alertó sobre el riesgo de que estas nuevas universidades se conviertan en espacios de clientelismo político, donde se prioricen intereses particulares por encima de la formación académica.
Para que la norma recientemente aprobada no se convierta en una promesa vacía, el Congreso debería complementarla con mecanismos de evaluación rigurosa, asignación progresiva de recursos y articulación con el Ministerio de Educación. La creación de universidades debe responder a una planificación territorial, a necesidades reales de formación profesional y a una visión de país que priorice el conocimiento como motor de desarrollo. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir errores del pasado: universidades sin alumnos, sin docentes preparados y sin futuro.
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