El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo lleva cuatro semanas en el Congreso y todavía genera enfrentamientos. Mientras la presidenta Keiko Fujimori reclama una decisión, la Comisión de Constitución mantiene abierto un debate que debería concentrarse en las medidas que el país necesita.

La mandataria sostuvo que respetar la Constitución no representa una muestra de debilidad y pidió a los parlamentarios definir la solicitud. También advirtió que, si la respuesta es negativa, el Gobierno buscará otros caminos para enfrentar la delincuencia y la criminalidad dentro del orden constitucional.

El problema es que el debate comienza a contaminarse con declaraciones que poco contribuyen a resolverlo. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, habría expresado su negativa a aprobar las facultades, mientras algunos parlamentarios cuestionan la conducción del debate y otros incluso plantean una moción de censura contra ella.

En medio de este intercambio, existe una pregunta que debería estar por encima de cualquier enfrentamiento: ¿qué necesita realmente el Perú para enfrentar la inseguridad? Si las facultades son indispensables, corresponde explicar con precisión qué normas se requieren, por cuánto tiempo y qué resultados se esperan obtener.

El Ejecutivo sostiene que necesita herramientas para fortalecer su estrategia contra el crimen y plantea, entre otras medidas, incorporar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía. También destaca cambios en los mandos policiales, modificaciones en el INPE y coordinación internacional frente a organizaciones criminales transnacionales.

Pero otorgar facultades legislativas tampoco garantiza que desaparecerán las extorsiones, los sicariatos o los asesinatos. Las leyes necesitan instituciones capaces de aplicarlas, inteligencia, investigación criminal, fiscales, jueces, presupuesto y una Policía con capacidad para convertir información en resultados concretos.

Por eso, el Congreso tiene una responsabilidad que no puede esconderse detrás de una disputa política. Si considera que determinadas materias son demasiado amplias, urgentes o insuficientemente sustentadas, debe explicar cuáles rechaza y por qué. Si algunas facultades resultan necesarias, también debería evaluarlas sin convertir el debate en una confrontación permanente.

El Ejecutivo, por su parte, tiene derecho a exigir una respuesta, pero también la obligación de demostrar que las herramientas solicitadas son necesarias, constitucionales y capaces de atender problemas concretos. La seguridad ciudadana no puede convertirse en el argumento para pedir un poder legislativo sin límites claramente definidos.

Mientras Gobierno y Congreso intercambian acusaciones, los ciudadanos continúan enfrentando extorsiones, robos, asesinatos y miedo. Para ellos, cuatro semanas no son solamente un plazo parlamentario: pueden significar cuatro semanas más esperando que quienes gobiernan encuentren una respuesta eficaz.

El país no necesita que Ejecutivo y Legislativo demuestren quién tiene más fuerza. Necesita que demuestren capacidad para ponerse de acuerdo cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego. Las facultades pueden aprobarse o rechazarse, pero la decisión debe tener argumentos, límites y una alternativa clara.

Porque si el Congreso dice no, deberá explicar qué hará en su lugar. Y si dice sí, el Ejecutivo deberá demostrar que las facultades no fueron una promesa más, sino una herramienta utilizada para producir resultados. El Perú ya no necesita discursos sobre seguridad: necesita decisiones y resultados.