Arequipa ha registrado seis feminicidios en lo que va del 2025. El último ocurrió este martes 5 de agosto en Cerro Colorado, donde una mujer de 30 años fue asesinada presuntamente por su pareja. Deja un menor en la orfandad.
Este crimen no es un hecho aislado. En julio ya se habían reportado dos asesinatos brutales: una mujer embarazada fue hallada descuartizada en Chiguata y otra víctima fue encontrada junto a su pareja, quien se habría suicidado tras cometer el crimen.
La violencia contra las mujeres no da tregua, y lo más alarmante las políticas públicas el trabajo de los órganos de control no tienen resultados para reducir este flagelo social.
No se trata de casos excepcionales, sino de un patrón sistemático de odio, misoginia y silencio. Es una epidemia que exige respuestas urgentes.
Las autoridades repiten que hace falta salud mental, pero esa es solo una parte del problema. La raíz está en una cultura de impunidad, un sistema judicial lento y una política pública reactiva, no preventiva.
La protección debe llegar antes del crimen.
Cada mujer asesinada representa una falla del Estado. La justicia no puede seguir siendo simbólica.
Se necesitan refugios, atención especializada, formación con enfoque de género y acciones sostenidas, no campañas esporádicas cada vez que ocurre un nuevo crimen.
Arequipa no puede seguir contando víctimas sin consecuencias. Exigimos acción inmediata, voluntad política y un compromiso real. Porque el feminicidio no es inevitable: es evitable si se decide enfrentarlo con seriedad y recursos.
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