El viraje del fujimorismo frente a la reforma previsional es tan abrupto como calculado. Primero lideraron el proceso, celebraron su aprobación y votaron en bloque; ahora buscan culpar al Ejecutivo de las restricciones impopulares.
La bancada de Keiko Fujimori olvida deliberadamente que la Ley N.° 32123 nació de sus propios proyectos y de su control en la Comisión de Economía. No fue impuesta, sino construida y avalada por ellos mismos.
La presión social y las masivas protestas evidenciaron el rechazo ciudadano a la reciente ley del sistema de pensiones. Ante este escenario, Fuerza Popular decidió reescribir la historia, lavarse las manos y acusar a otros, en lugar de asumir la responsabilidad política de sus decisiones.
La ciudadanía merece claridad. Si un partido manipula su propia actuación reciente, ¿cómo confiar en su propuesta de futuro? La memoria política no puede borrarse con comunicados: la verdad está en los votos del Congreso.
El fujimorismo intenta presentarse hoy como defensor de los afiliados, pero en la práctica fue el principal artífice de un sistema que precariza a los trabajadores jóvenes e independientes, imponiéndoles obligaciones que nunca formaron parte del debate ciudadano.
La contradicción es evidente: quienes impulsaron restricciones ahora buscan capitalizar el descontento social para ganar terreno político. Esta estrategia refleja oportunismo y debilita la credibilidad de un partido que lleva décadas prometiendo lo mismo.
El futuro del sistema previsional exige reformas profundas, pero ninguna será legítima mientras sus principales impulsores nieguen sus responsabilidades. El país necesita políticos que asuman consecuencias, no voceros que manipulen la memoria para evadir culpas.
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