La elección de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026–2029 abre una etapa clave para el Ministerio Público, pero también plantea una alerta inevitable: su designación se da en medio de cuestionamientos que no pueden ignorarse en un contexto de alta demanda ciudadana por justicia y transparencia.
La decisión de la Junta de Fiscales Supremos no solo define una continuidad institucional, sino también una línea de gestión que ya mostró señales claras durante su etapa interina. Entre ellas, la desactivación de equipos especiales emblemáticos, como el caso Lava Jato, lo que generó debate sobre el rumbo de las investigaciones de corrupción en el país.
Además Galvéz estuvo involucrado por sus presuntos nexos con los cuellos blancos del puerto, red liderada por el exjuez supremo César Hinostroza.
El problema no es únicamente quién asume el cargo, sino el contexto en el que lo hace. La Fiscalía es una de las instituciones más sensibles del sistema democrático, encargada de investigar delitos y garantizar la legalidad. Por ello, su liderazgo debe sostenerse no solo en respaldo interno, sino también en legitimidad pública.
El riesgo es evidente: cuando una autoridad llega con cuestionamientos, cada decisión futura será observada con mayor desconfianza. En lugar de fortalecer la institucionalidad, podría debilitarse la credibilidad de las investigaciones, especialmente en casos de alto impacto político y social que requieren independencia absoluta.
La elección de Gálvez obliga a una reflexión mayor. Más allá del respaldo formal, el verdadero desafío será recuperar la confianza ciudadana en el Ministerio Público. Sin credibilidad, no hay justicia efectiva. Y sin justicia, la democracia se vuelve frágil.
