Hay victorias que merecen reconocimiento y otras que exigen una pregunta incómoda: ¿qué hicimos después de ganar? El Perú derrotó militarmente a Sendero Luminoso. La captura de Abimael Guzmán en 1992 quebró la conducción de la organización y cambió el curso del conflicto.
Las Fuerzas Armadas y la Policía hicieron su parte. Combatieron, arriesgaron sus vidas y pagaron un enorme costo humano en defensa de la sociedad y del Estado.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó en 69.280 las víctimas fatales del conflicto. Atribuyó al PCP-Sendero Luminoso el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados.
Ese sacrificio no autoriza a nadie a apropiarse políticamente de aquella victoria. Tampoco permite olvidar que derrotar las armas no significaba derrotar las ideas que las alimentaron.
Ahí estuvo y sigue estando una de las grandes omisiones del Estado. La respuesta militar era indispensable, pero también lo era una estrategia política, educativa e institucional para impedir la supervivencia del proyecto totalitario.
La historia demuestra que esa tarea quedó inconclusa. En el VRAEM aún operan remanentes terroristas vinculados al narcotráfico. En marzo de 2026, tres integrantes de esa organización fueron condenados a veinte años de prisión.
El problema tiene otra dimensión. En octubre de 2024, el Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef y el cierre de sus locales. La sentencia estableció su vinculación con el proyecto político de Sendero Luminoso.
Ahora aparece una señal que el Estado no debería ignorar. Una investigación periodística de septiembre de 2026 identificó alrededor de diez trabajadores del Congreso cuyos nombres figuran en un planillón atribuido al Movadef. Algunos negaron cualquier relación con esa organización.
No corresponde convertir una aparición en una lista en una condena. Corresponde investigar cada caso, respetando el debido proceso y sin confundir sospecha con responsabilidad penal.
Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado. Una democracia debe reconocer quiénes intentan utilizar sus instituciones y cuáles son sus verdaderos propósitos.
La llamada victoria pírrica debe entenderse aquí como una advertencia política. El Estado ganó la guerra militar, pero no puede declarar terminada la batalla mientras sobrevivan remanentes armados o intentos de reconstrucción política del terrorismo.
Las Fuerzas Armadas cumplieron una misión histórica. La política tenía otra: cerrar democráticamente el camino a las ideas que intentaron destruir la democracia.
Esa segunda victoria todavía exige trabajo. No se consigue con discursos triunfalistas, sino con memoria, educación, inteligencia, instituciones firmes y respeto irrestricto al estado de derecho.
Porque una victoria que no se defiende puede terminar convirtiéndose, con los años, en una derrota por descuido.
