La publicación del reglamento que habilita el octavo retiro de los aportes a las AFP debía ser un acto administrativo rutinario, pero terminó convertido en un escándalo digital. El mismo día de su difusión, la página web del diario oficial El Peruano colapsó y el colectivo Deface Perú se atribuyó el ataque, asegurando incluso haber borrado el boletín de normas legales. Lo que parecía un fallo técnico abrió un debate mayor: la fragilidad de los sistemas digitales del Estado.
Los autodenominados “hacktivistas” no se limitaron a adjudicarse el ataque: difundieron capturas con mensajes de fuerte carga política, donde se definieron como “la sombra de la memoria” y “el eco digital del Perú real”. Con ello intentaron enmarcar su acción como una denuncia contra las supuestas mentiras oficiales. En paralelo, El Peruano negó que se tratara de un hackeo y atribuyó la caída a un exceso de visitas, aunque las pruebas compartidas en Telegram sugieren lo contrario.
El problema trasciende la pugna entre un grupo de hacktivistas y una institución estatal. Si realmente se manipuló la plataforma de normas lLegales, estamos frente a un vacío peligroso: la validez y la integridad de las normas publicadas podrían quedar en entredicho. Sin acceso público y verificable, cualquier reglamento pierde seguridad jurídica. La doble narrativa —reivindicación pública de Deface Perú y negación institucional— revela un Estado que no comunica con transparencia ni garantiza la protección de su información más sensible.
El episodio suma a los antecedentes del colectivo, responsable también de las filtraciones conocidas como Dirin Leaks. Más allá de simpatías o rechazos, el mensaje es claro: la ciberseguridad peruana está en crisis. Lo que debería ser un espacio inviolable para la legalidad del país se muestra vulnerable al hackeo y la manipulación. La lección es urgente: sin inversión en seguridad digital y sin transparencia en la gestión de datos, el Estado seguirá siendo un blanco fácil y la confianza ciudadana continuará en riesgo.
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