La inseguridad en Perú alcanza niveles alarmantes en este 2025, con un aumento significativo en el número de homicidios y atentados que han dejado a la población en un estado de constante temor. En las primeras tres semanas del año, se registraron más de 105 homicidios, una cifra que supera cualquier periodo similar desde el 2017. Esta cifra escandalosa solo refleja la ineficacia de las medidas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en la lucha contra la delincuencia.
Uno de los eventos más impactantes ha sido la serie de atentados en Trujillo, donde en menos de una semana se registraron siete explosiones en distintas zonas de la ciudad. A pesar de las promesas del Ejecutivo de reforzar la seguridad con el envío de efectivos policiales y del Ejército, esta medida recién se implementó luego de varios días de “evaluaciones”. Esta falta de acción efectiva ha llevado a la comunidad a organizar marchas ciudadanas para exigir medidas inmediatas y efectivas contra la creciente ola de violencia.
El Congreso, por su parte, viene mostrando una falta de coordinación y apoyo al Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad. Aunque se han convocado mesas de trabajo y se han evaluado proyectos de ley para enfrentar la delincuencia, la percepción de impunidad y la inacción del sistema judicial siguen siendo un problema grave. La colaboración entre el Congreso y las autoridades locales es clave para desarrollar estrategias eficaces, pero hasta ahora, los esfuerzos han sido insuficientes para frenar la escalada de violencia en el país. Se requieren respuesta más inmediatas y que todos pongan el hombro. Caso contrario seguiremos perdiendo terreno contra la delincuencia.
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