El reciente caso de dos niños intercambiados al nacer en Jaén revive un drama que el Perú ha visto antes. Nueve años atrás, un error similar en Arequipa dejó a dos familias marcadas por la incertidumbre y la impotencia. ¿Cómo es posible que un sistema de salud que debe velar por la vida y el bienestar de los recién nacidos cometa fallos tan graves sin consecuencias reales?
En ambos casos, las madres notaron incongruencias y, tras pruebas de ADN, descubrieron la dolorosa verdad. La justicia determinó que no hubo intención en los errores, pero ¿es suficiente con atribuirlo a la falta de intención? El daño emocional y psicológico es irreparable, y la negligencia de los hospitales quedó impune.
Estos hechos evidencian fallas estructurales en los protocolos de identificación neonatal en los centros de salud del país. No hay mecanismos eficientes de supervisión, ni sanciones ejemplares que eviten que otras familias vivan el mismo calvario. La vida de los menores queda fracturada, mientras el Estado mantiene una postura pasiva.
Además, la falta de indemnización para las familias afectadas demuestra un profundo vacío en el sistema judicial. No solo se trata de la corrección del error, sino de la reparación del daño causado. Los afectados han tenido que lidiar solos con las secuelas emocionales, mientras que los responsables siguen sin asumir consecuencias reales.
Las familias no han sido indemnizadas, no hay sanciones y el tiempo solo ha servido para olvidar el escándalo. ¿Cuántos más deberán ser intercambiados para que se tomen medidas reales? Es urgente reformar los protocolos de seguridad en las maternidades del país y garantizar justicia para quienes han sido víctimas de este imperdonable descuido.
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