Durante los últimos 9 años el Poder Judicial enjuició a Keiko Fujimori y a una treintena más de políticos, por el delito de lavado de activos. Durante ese tiempo se la encarceló durante 539 días. Y el fiscal solicitó condenarla a 30 años de prisión.
Delito de lavado de activos que se configura por la entrega de dinero de empresas y ciudadanos, para las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Entre ellas, la corrupta empresa brasileña Odebrecht.
El país ya conoce que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto este juicio iniciado a fines del 2016, en base a un sustento jurídico que es tan simple y objetivo, que cuesta aceptar que fiscales y jueces como Víctor Zúñiga, Domingo Pérez y tantos más, se negaron a dilucidar.
El ciudadano de a pie suele expresar que la justicia no alcanza a los ricos. ¿Cómo explicamos este enjuiciamiento a quien estuvo en 3 ocasiones a punto de ser presidenta de Perú?
Corresponde analizar, con almanaque en mano, los argumentos del TC para anular el juicio a Keiko Fujimori por el delito de enriquecimiento ilícito. La fiscalía la acusó de recibir dinero no declarado, durante sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. El delito de lavado de dinero se creó el 26 de noviembre de 2016, mediante la ley 27765. Consecuentemente nadie pudo cometer delito de lavado de activos, antes de esa fecha, porque no hay delito sin ley ni pena sin ley.
A pocas horas de conocerse la resolución del TC, las redes publicaron muchas opiniones satanizando el fallo que libera de culpa a la hija del expresidente Fujimori.
Consecuentemente, opinar a favor de la resolución del TC equivale a lanzarse a una piscina con agua hirviendo. Sin embargo, un periodista nunca claudica. Y por ello, comparto él fallo del TC porque se ajusta a derecho, aunque favorezca a un personaje muy cuestionado.
Hasta antes del 26 de noviembre de 2016, la ley nunca criminalizó a los candidatos por recibir dinero de empresas o personas, para solventar sus campañas políticas. Recuerdo, por ejemplo, en la campaña de 1990, el movimiento Libertad jefaturado por Mario Vargas Llosa recibió importante apoyo financiero de la empresa minera más importante de la época.
El caso Keiko, también denominado Cocteles, demuestra que, en los últimos años, se han infiltrado consignas ideológicas y políticas que dañan al Poder Judicial. Y la apartan de su razón de ser: aplicar la ley con ponderación, sabiduría y rectitud acrisolada, como debe ser siempre. Este caso deja una secuela que daña al Poder Judicial. Quizá convenga, por la salud y sanación del pueblo, que sus principales actores se alejen de la vida pública, por los graves desatinos que han cometidos. La historia lo agradecería.
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