El nuevo Congreso todavía no inicia funciones y ya enfrenta su primera prueba de credibilidad. El bono de instalación de S/ 15 600, creado para cubrir gastos de traslado y alojamiento de legisladores provenientes de las regiones, terminó convirtiéndose en un símbolo del distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. Por ello, la decisión de algunas bancadas de renunciar a este beneficio para sus representantes de Lima y Callao marca un precedente que debería extenderse al resto del Parlamento. En tiempos donde millones de peruanos exigen mejores servicios de salud, educación y seguridad, la austeridad no puede ser un discurso, sino una práctica.
La postura expresada por el senador electo Jaime Quito apunta en la dirección correcta al señalar que la austeridad debe alcanzar no solo a los bonos, sino al conjunto del Estado. Sin embargo, el verdadero debate trasciende este pago único. Resulta preocupante que el presupuesto destinado a planillas del Congreso supere los 900 millones de soles, una cifra que, según diversos parlamentarios, duplica lo asignado hace apenas cinco años. La pregunta es inevitable: ¿ha mejorado en la misma proporción la calidad del trabajo legislativo? La percepción ciudadana responde con claridad.
Renunciar al bono de instalación no resolverá los problemas económicos del país ni equilibrará las cuentas públicas, pero sí enviará un mensaje de sensibilidad y coherencia en una institución que necesita recuperar legitimidad. La ciudadanía espera un Parlamento que legisle con responsabilidad, fiscalice con independencia y administre con transparencia los recursos que provienen de los impuestos de todos los peruanos. La verdadera austeridad no consiste únicamente en rechazar un beneficio, sino en demostrar que cada sol del presupuesto público se utiliza para servir al país y no para privilegiar a quienes ejercen el poder.
