La convocatoria a movilizaciones en medio de un proceso electoral aún en curso merece una reflexión serena. El derecho a la protesta es una garantía democrática que debe ser respetada, pero también implica una enorme responsabilidad. 

La experiencia peruana reciente demuestra que cuando la tensión política se traslada a las calles, los riesgos aumentan. Basta recordar las protestas de los últimos años, donde la confrontación, los excesos y la violencia terminaron cobrando vidas humanas. 

En esos escenarios, siempre hay quienes pierden el control, quienes provocan y quienes responden de manera desmedida. El resultado suele ser el mismo: ciudadanos afectados y un país más dividido.
Por ello, cualquier llamado a la movilización debe ir acompañado de un ejercicio de autocrítica. La defensa de una posición política no puede estar por encima de la seguridad de los peruanos. 

Roberto Sánchez tiene derecho a exigir transparencia y a presentar los recursos legales que considere pertinentes, tal como lo establece la normativa electoral. 

Sin embargo, también corresponde reconocer que las instituciones electorales continúan procesando actas, resolviendo observaciones y siguiendo los procedimientos previstos por la ley. La confianza en la democracia se fortalece cuando las discrepancias se canalizan por las vías institucionales y no cuando se intenta presionar desde las calles un resultado aún no concluido.

Además, conviene observar el contexto político con objetividad. Hasta el momento, Keiko Fujimori mantiene una ventaja superior a los 40 mil votos y continúa beneficiándose del ingreso de actas. Más allá del resultado final, existe una diferencia evidente en el recorrido político de ambos candidatos. Mientras Sánchez desarrolló una campaña discreta, Fujimori acumula más de quince años de actividad política permanente desde su primera candidatura presidencial en 2011. Precisamente por la estrechez de la elección, el país necesita paciencia, responsabilidad y respeto por las reglas democráticas.