La advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe ser tomada con la seriedad que merece. Si el sistema electoral no recibe los recursos necesarios para organizar las elecciones regionales y municipales de octubre, el país podría enfrentar un escenario impensable: la prolongación de los mandatos de gobernadores y alcaldes por falta de presupuesto. Más allá de las diferencias políticas, la democracia no puede depender de una transferencia pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los organismos electorales han señalado que requieren más de S/589 millones para desarrollar un proceso que involucra a miles de candidatos, organizaciones políticas, mesas de sufragio y millones de electores. No se trata únicamente de imprimir cédulas o instalar locales de votación. 

También implica garantizar la actualización del padrón electoral, la fiscalización de las candidaturas, la capacitación de miembros de mesa, la resolución de controversias y la transparencia de todo el proceso. 

Resulta preocupante que las entidades electorales hayan advertido que gestionan estos recursos desde noviembre del año pasado sin obtener una respuesta definitiva. 

La planificación electoral no puede improvisarse a pocos meses de los comicios. Si el Estado exige a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones democráticas, también debe garantizar que las instituciones encargadas de organizar las elecciones cuenten con los recursos suficientes para hacerlo de manera eficiente y oportuna.

Las elecciones no son un favor del Estado, sino un derecho constitucional de los ciudadanos. Por ello, cualquier riesgo de postergación o ampliación de mandatos debe encender las alertas de toda la sociedad. Ahorrar en elecciones sería un costo demasiado alto para la institucionalidad del Perú.