Tras semanas de cuestionamientos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró que no existieron elementos suficientes para anular los comicios ni convocar elecciones complementarias. Según informó durante la presentación oficial de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que pasan a segunda vuelta, se presentaron 546 pedidos de nulidad y todos fueron resueltos. Además, defendió que el proceso electoral se desarrolló respetando el marco legal, pese a las dificultades y problemas ocurridos durante la jornada del 12 de abril.
Sin embargo, la discusión de fondo parece ir más allá de las normas y los expedientes. La ciudadanía no solo exige legalidad; también reclama confianza. Las elecciones estuvieron marcadas por retrasos en la entrega de material, mesas instaladas tarde, cuestionamientos a la ONPE y una prolongada espera para conocer resultados finales. Aunque las instituciones sostengan que el proceso fue válido jurídicamente, la percepción pública también influye en la fortaleza de una democracia.
Burneo señaló además que el ausentismo electoral responde a múltiples factores, como trabajo, salud, viajes o problemas económicos, y no únicamente a las fallas logísticas. Técnicamente puede ser correcto. Pero cuando miles de personas encuentran centros con retrasos o enfrentan incertidumbre durante la jornada, resulta inevitable que surjan dudas sobre si el sistema realmente brindó todas las facilidades para ejercer el derecho al voto.
La democracia no solo se sostiene con normas cumplidas y resoluciones emitidas. También necesita credibilidad. Porque cuando las autoridades dedican semanas a explicar que todo estuvo bien, el verdadero desafío quizá no sea demostrar que el proceso fue legal, sino convencer a una ciudadanía que todavía espera respuestas más claras que simples formalidades institucionales.
