El presidente interino José María Balcázar presentó un oficio al Congreso solicitando una pensión vitalicia y beneficios adicionales como seguridad, asesor, vehículo oficial y combustible.

Argumentó que ejerció la jefatura del Estado de manera plena y exclusiva desde febrero de 2026, en cumplimiento de la sucesión constitucional. El monto solicitado oscilaría entre 15.600 y 35.000 soles mensuales.

El pedido se sustenta en precedentes como el de Valentín Paniagua, quien recibió pensión tras liderar un gobierno de transición. Sin embargo, la Comisión de Constitución del Congreso ya había señalado en 2022 que este beneficio solo corresponde a presidentes elegidos por voto popular y no a quienes asumieron por sucesión. Casos como los de Manuel Merino y Francisco Sagasti fueron rechazados bajo este criterio, lo que debilita la posición de Balcázar.

La pertinencia del pedido se cuestiona en un contexto de crisis política y de alta rotación presidencial. Balcázar ejerció apenas cinco meses en el cargo, lo que muchos consideran insuficiente para acceder a un beneficio vitalicio. Además, críticos señalan que ya percibe una pensión por sus años de servicio al Estado, lo que podría implicar una doble remuneración.

La solicitud de Balcázar abre un debate sobre la ética y legalidad de otorgar pensiones vitalicias a presidentes interinos. Ya surgieron voces contrarias a este pedido indicando que la mesa directiva del Parlamento saliente debe resolver este tema en lugar de dejar una “papa” caliente a la siguiente. El Congreso tendrá la última palabra, pero el caso refleja la necesidad de revisar y precisar la normativa para evitar interpretaciones ambiguas.