Cuando el gobierno de la señora Fijimori ingresaba a su cuarta semana, muchos congresistas y no congresistas iniciaron cuestionamientos porque la violencia delincuencial sigue tiñendo de sangre nuestras calles, desconociendo que la seguridad ciudadana es una consecuencia, como lo es la fiebre en un paciente que sólo dejará de tenerla cuando se combata la infección que la provocó.

Por ello las 66 facultades especiales que solicita el Ejecutivo al Congreso para gobernar durante 120 días en temas tan urgentes y vitales como la inseguridad, El Niño o las reformas del Estado, pretenden fortalecer al Estado y permitirle un liderazgo que genere confianza en el pueblo y temor en la delincuencial que, desgraciadamente, también se ha enquistado en la mayoría de las instituciones públicas y privadas. 

Entre esos cambios importantes que se prevé están los de la legislación penal, a efectos de evitar que los delincuentes que apresa la policía por presuntos delitos tan graves como el sicariato, secuestro, homicidio, extorsión o la explotación ilegal de metales, sean encarcelados durante el tiempo que demore sus juicios. El código procesal penal aprobado en el año 2004 obliga a los jueces a soltarlos, en muchas ocasiones en acatamiento de un código que prioriza los derechos humanos de los delincuentes y minimiza el derecho del pueblo a vivir en paz y seguridad.

De igual manera se preparan leyes muy drásticas para evitar que cientos de miles de componentes electrónicos se comercialicen ilegalmente, facilitando a los delincuentes a tener hasta mil teléfonos que los encubre al momento enviar extorsiones y cobrar cupos. Las empresas de telecomunicaciones y sus funcionarios son parte del problema.        

El gobierno sabe que en el año 2000 había 27 mil encarcelados y ahora 105. Y hay otros 109 mil, entre condenados y procesados, gozando de libertad condicional. Por eso también pide facultades para reorganizar el sistema penitenciario que ahora es un desastre.  

Temas colaterales a la seguridad pública, como la simplificación administrativa, el fortalecimiento de las empresas, la reducción de la informalidad social y laboral; sin olvidar la tecnificación y simplificación del aparato público, mejorando la recaudación tributaria, la prestación de servicios esenciales como la educación, salud, justicia y seguridad, también ayudarán a ordenar el país. 

Los 10 presidentes que tenemos en una década es parte de la anarquía y delincuencia que seguirán conviviendo en las entrañas del país, por mucho tiempo. Imaginar que en unos meses tendremos el país de maravillas que anhelamos, es absurdo. Aun si todos apoyasen. Y sabemos que pocos lo hacen.