El pueblo venezolano continúa rescatando a sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados, a una semana del terremoto de magnitud 7.4 que ocasionó el fallecimiento de 1740 personas y 7000 heridos. A la distancia, un cálido abrazo de solidaridad a los hermanos del pueblo llanero, en este dramático episodio.

La ocasión, sin embargo, refrescó un tema que vale la pena expresarlo con la crudeza y realidad que corresponde. 
En la última década, nuestros gobernantes promueven la realización periódica de simulacros para prepararnos en caso de un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter. Es bueno recordarnos que no hay ciencia que permita predecir un sismo de esa u otra magnitud, por lo que ese anuncio gubernamental resulta temerario e irrelevante cuando piden al pueblo tener una mochila de primeros auxilios, para mitigar sus padecimientos.

Lo que se requiere son políticas de Estado para prevenir todo tipo de desastres, partiendo de premisas reales. Hasta hoy los gobernantes no han dicho al pueblo las consecuencias de un posible sismo de magnitud 8.8. Por ejemplo, no mencionan las graves limitaciones que sufrirían los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, asistencia médica, suministro de alimentos, gas, el tránsito vehicular por las carreteras, la imposibilidad de utilizar celulares, computadoras o bancos, por ausencia de energía eléctrica. 

La magnitud en la escala de Richter se aplica considerando una base logarítmica, lo cual implica que si el terremoto más intenso en Venezuela alcanzó los 7.4 grados, uno de 8.4 en Perú debiera generar daños más catastróficos, considerando que la energía que lo origine sería 32 veces mayor.

Es cierto que la intensidad de un sismo está supeditada a la naturaleza de los suelos, la profundidad en la cual se origina en epicentro y las calidades de las edificaciones. Aun así, un sismo cuya magnitud sea 32 veces mayor que al de Venezuela, sería dramático.  

Revisando nuestra realidad, un tercio de las edificaciones en Arequipa se construyeron al margen de normas antisísmicas y con materiales inadecuados, porque existe mucha negligencia de nuestros alcaldes, gobernadores y fiscales.  

Los sistemas eléctricos de alta y media tensión se hicieron al margen de estudios que resistas sismos de gran intensidad como el que el gobierno predice. Y el pueblo recordará que hace 3 décadas una torpeza dolosa de las autoridades originó el rebose de la represa de Aguada Blanca que motivó el desabastecimiento de agua en la ciudad por medio mes.

Y el tema de salud es tan grave que las 2200 camas existentes en los 29 centros hospitalarios en la región Arequipa están ocupadas. ¿Dónde atenderíamos a esos miles de pacientes originados por un sismo de magnitud de 8.8?