La Ley 32490 nace con un objetivo comprensible: proteger a las empresas de transporte frente a la extorsión y el sicariato. En un país golpeado por el crimen organizado, cualquier intento de respuesta estatal parece urgente. Sin embargo, como advierten especialistas del propio sistema de justicia, una buena intención no basta si la norma deja más preguntas que respuestas.
En un entrevista hecha en RPP, el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, puso el foco en un punto clave: el dinero. Si hoy el Estado no cuenta con recursos suficientes para fortalecer la Policía, la Fiscalía o el Poder Judicial, resulta legítimo preguntarse de dónde saldrán los fondos para compensar económicamente a miles de víctimas de extorsión. El riesgo no es menor: una norma mal diseñada puede generar falsas denuncias y expectativas que el Estado no podrá cumplir.
Otro problema central es el enfoque limitado de la ley. Al concentrarse solo en el sector transporte, deja fuera a otros negocios igualmente golpeados por la extorsión, como bodegas, farmacias o pequeños comercios. Esta selectividad, calificada como “discriminatoria” por Chávez Cotrina, abre una puerta peligrosa: ¿por qué unas víctimas sí y otras no? La criminalidad no distingue rubros, y la respuesta del Estado tampoco debería hacerlo.
Además, la ley plantea un sistema integrado con fiscalías, juzgados y divisiones policiales especializadas. Sobre el papel suena bien, pero en la práctica requiere presupuesto, personal y logística. El propio Ministerio Público ha estimado que solo para implementar fiscalías especializadas se necesitan al menos 52 millones de soles. Sin recursos, la norma corre el riesgo de quedarse en una declaración bien intencionada, pero inoperante.
La lección es clara. Combatir la extorsión no se logra solo con más leyes, sino con capacidad real del Estado: inteligencia policial, fiscales preparados, juzgados eficaces y financiamiento sostenible. Reglamentar la Ley 32490 exige cuidado extremo. De lo contrario, el país podría sumar otra norma “bonita en el papel”, pero incapaz de enfrentar un problema que ya desborda a la sociedad.
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