El Colegio de Economistas del Perú anunció que evaluará una demanda ante el Tribunal Constitucional marca un nuevo episodio en el debate sobre el manejo responsable de las finanzas públicas. No se trata solo de una discrepancia técnica, sino de una advertencia sobre el impacto que determinadas decisiones políticas pueden tener en la estabilidad económica del país.

El punto central de la controversia está en las normas aprobadas por el Congreso que implican un mayor gasto público, como la referida a los beneficios laborales del régimen CAS. Según el Consejo Fiscal, esta medida podría generar un costo superior a los 3 mil millones de soles anuales, lo que enciende las alarmas sobre la sostenibilidad del presupuesto nacional.

Desde una perspectiva constitucional, el debate es aún más delicado. Especialistas coinciden en que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, no puede aprobar leyes que generen nuevas obligaciones económicas sin sustento del Ejecutivo. Si esto se confirma, no solo estaríamos ante un problema económico, sino también ante una posible vulneración del orden constitucional.

El rol del Ejecutivo también entra en cuestión. Mientras la exministra Denisse Miralles planteó recurrir al TC para frenar estas normas, el presidente José Balcázar anunció su promulgación. Esta aparente contradicción refleja la falta de una estrategia clara frente a decisiones que comprometen recursos públicos a largo plazo.

Advierten un riesgo evidente: si se normaliza la aprobación de leyes sin respaldo fiscal, el país puede entrar en un escenario de desequilibrio económico difícil de revertir. Más allá del debate político, la discusión debe centrarse en un principio básico: el gasto público debe ser responsable, sostenible y transparente. De lo contrario, las consecuencias no serán inmediatas, pero sí inevitables y en contra de los mismos ciudadanos.