Lo ocurrido con el dueño de un restaurante chifa en el distrito limeño de Villa El Salvador, que acabó con la vida de un delincuente que amenazaba a su familia, vuelve a poner sobre el tapete la situación que vivimos frente a la delincuencia. Diariamente somos testigos de diversos actos delictivos que dejan consecuencias lamentables.
Es así que se producen asaltos y secuestros al paso con daños personales y materiales. Nuestras autoridades tampoco hacen mucho debido a que vemos cómo los asaltantes y/o asesinos quedan en libertad. Esto por falta de pruebas, por un mal planteamiento de la acusación o porque simplemente tuvieron “alguien” que les brindó una ayuda extra para salir libres.
En ese panorama, la población ha mostrado en repetidas veces su indignación por el accionar de la delincuencia. Este enojo ha desbordado de las palabras a los hechos. Así somos testigos de acciones de ciudadanos en defensa de los suyos y que, en muchas veces, termina con la vida de sus atacantes.
En pocas palabras, el poblador de a pie ante una situación de peligro se defiende y enfrenta al delincuente que tiene al frente. Lo hace aun sabiendo que puede perder la vida, pero se siente en la necesidad de obtener justicia por propia mano porque desconfía de las instituciones. El problema viene cuando este ciudadano debe ir a la cárcel porque la ley así lo determina.
Nuestras autoridades deben considerar este panorama, sobre todo para evitar dañar a inocentes que solo se defienden ante alguna amenaza. Necesitamos una justicia con mayor celeridad que brinde las garantías a la población de que la delincuencia no pasará y dañará a los suyos.
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