La amenaza del fenómeno El Niño vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar recursos suficientes para prevenir y atender emergencias en todo el país. Los especialistas coinciden en que la capacidad de respuesta del Estado dependerá no solo de la planificación, sino también de la disponibilidad oportuna de fondos. En ese contexto, asegurar el financiamiento adecuado se convierte en una prioridad nacional.
Una señal importante en esa dirección ha sido la decisión del Congreso de entregar recursos que fueron ahorrados (más de S/300 millones) durante sus primeros meses de gestión. La medida busca contribuir con las acciones de prevención y mitigación ante posibles desastres derivados de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático. El gesto ha sido recibido como una muestra de compromiso con las necesidades más urgentes del país.
Sin embargo, esta situación abre un debate más amplio sobre el uso de los recursos públicos. Si una institución logró generar ahorros sin afectar su funcionamiento esencial, surge la interrogante sobre si otras entidades estatales podrían adoptar una estrategia similar. La discusión cobra relevancia en un escenario donde diversos informes han advertido dificultades para ejecutar de manera eficiente los presupuestos asignados.
Más allá, también, de disponer de mayores recursos, el reto consiste en mejorar la calidad del gasto y asegurar que cada sol disponible llegue a los proyectos prioritarios. Frente a una amenaza de gran magnitud como El Niño, la eficiencia y la responsabilidad fiscal resultan tan importantes como el monto de dinero destinado a la emergencia.
