El próximo 6 de noviembre se cumplirán seis meses desde que se produjo un incendio en la mina Esperanza I que provocó la muerte de 27 mineros por asfixia; sin embargo, hasta el día de hoy no hay ningún responsable del hecho.
Los familiares de los trabajadores que prestaban servicios para la contratista Sermigold, en la concesión de propiedad de la Minera Yanaquihua SAC, ubicada en el distrito de Yanaquihua en Condesuyos, denunciaron el abandono de parte de las autoridades.
María Huahuacapa, prima de uno de los fallecidos, cuestionó el rol de la Fiscalía porque luego de seis meses no se han encontrado responsables del hecho, además que no han podido formalizar la denuncia fiscal, la misma que recién se haría los primeros días de noviembre.
“Hemos pasado un verdadero vía crucis para recuperar los cuerpos. Dijeron que iba a brindar apoyo económico y psicológico, pero no se ha cumplido, al contrario, nos han amenazado y nos han desinformado sobre los derechos de los trabajadores”, señaló la mujer muy indignada por el hecho.
Sin embargo, recordemos que el Consejo Regional de Arequipa, a través de una comisión investigadora, no pudo encontrar responsables. En su informe emitido a inicios de octubre, culpan a la Gerencia Regional de Energía Minas porque no respondió la información requerida. Alegan que existen indicios de negligencias, pero no especifican quiénes son los responsables.
Incluso la empresa minera Yanaquihua fue condecorada por su trabajo en la última convención minera, pese a la investigación que se sigue en la fiscalía por la muerte de los 27 mineros; lo que ha sido tomado como una burla por la población.
Estamos hablando de la mayor tragedia dentro de labores mineras a nivel nacional de los últimos años, sin embargo pese al compromiso del Ministerio de Energía y Minas todo sigue igual. Con limitadas labores de fiscalización.
Desde el Gobierno Regional de Arequipa solo se excusaron en que no había presupuesto para contratar a más personal e incrementar la fiscalización. Peor aún no se tiene conocimiento de sanciones efectivas a la empresa minera por las irregularidades en las medidas de seguridad que denunciaron los familiares, quienes lo único que piden es que no haya impunidad.