Resulta difícil pedir a los peruanos que construyan viviendas seguras si el propio Ministerio de Vivienda funciona en un edificio cuya resistencia frente a un gran terremoto ha sido cuestionada por informes técnicos. La reciente intervención preventiva de la Fiscalía evidencia una situación que nunca debió llegar a este punto. 

En un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde un sismo de gran magnitud no es una posibilidad remota sino una certeza en algún momento, las instituciones públicas deberían ser el principal ejemplo de prevención y no convertirse en motivo de preocupación.

Lo más grave no es únicamente la advertencia técnica sobre posibles deficiencias estructurales, sino que el inmueble continúe albergando diariamente a cientos de trabajadores mientras un proyecto de reforzamiento permanece paralizado. 

Si el Estado exige a municipalidades, empresas y ciudadanos cumplir normas de construcción y gestión del riesgo, también tiene la obligación de garantizar que sus propias sedes cumplan los más altos estándares de seguridad. La prevención no puede quedarse en discursos ni en simulacros cuando está en juego la vida de las personas.

Este caso debe servir como una llamada de atención para todas las entidades públicas. El Perú necesita revisar la seguridad estructural de hospitales, colegios, ministerios y edificios donde diariamente se concentra un gran número de ciudadanos. 

La gestión del riesgo comienza por dar el ejemplo. Sería inadmisible que una tragedia ocurra por haber ignorado advertencias técnicas que estaban sobre la mesa. La seguridad no puede esperar a que un terremoto recuerde, una vez más, las consecuencias de la indiferencia.