La democracia, teóricamente, se sustenta no en la fuerza de las mayorías, sino en el respeto de las minorías. No todos pensamos igual, y el reto de la democracia es vivir en paz, a pesar de nuestras diferencias. Para ello es necesario que, principalmente las autoridades, hagan un uso adecuado del poder. Desde diciembre del año pasado estamos viviendo en un país que claramente dejó de ser democrático.
Lo escribí en sendas columnas anteriores, pero esta semana se confirmó lo que todos sabemos y que otros hasta ahora se niegan a ver: desde diciembre del 2022 se han reportado casos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en las regiones que se declararon en insurgencia, como Apurímac, Ayacucho y Puno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre la situación social y política en el país en el marco de las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso de la República que se realizaron durante diciembre del 2022 y enero y febrero de 2023. La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo en esta materia.
El informe presentado es contundente: se determinó que la mayoría de muertos y heridos fueron víctimas del “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la comisión advirtió que en Ayacucho se perpetraron “graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”. La comisión también concluyó que “existe una fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina”.
También se señala “el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
Las conclusiones son lapidarias para el actual régimen de Boluarte y Otárola, quienes son los directos responsables de estas muertes. Si hay justicia en este país, Dina Boluarte debería estar preparando sus maletas para ser la próxima vecina de Fujimori, Toledo y Castillo, en el penal de Barbadillo. Un futuro gobierno democrático debería garantizar que esos delitos no queden impunes y que los responsables terminen en prisión.
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