Estos días somos testigos de cómo la presidenta de la República viajó a El Salvador para conocer su sistema penitenciario y recibió un mensaje claro del presidente Bukele: las realidades de ambos países son diferentes y ese modelo no funcionaría necesariamente en el Perú. Lo cierto es que esta propuesta fue utilizada durante las campañas políticas, alimentando expectativas que, una vez más, podrían terminar en promesas incumplidas.
Para frenar la delincuencia, necesitamos mucho más que construir cárceles. En primer lugar, debemos fortalecer y reorganizar el sistema educativo, formando ciudadanos con valores, conocimientos y oportunidades de desarrollo. En segundo lugar, es necesario reformar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no cambiándole el nombre, sino dotándolo de herramientas que permitan ejercer un control efectivo, incorporar tecnología y supervisar adecuadamente las actividades dentro de los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, resulta indispensable reformar el sistema de justicia. Esta tarea requiere la participación de especialistas, colegios profesionales, universidades y demás instituciones competentes, con criterios técnicos y al margen de los intereses políticos. No podemos dejar una reforma de tal importancia sujeta a discusiones estériles ni a disputas en el Congreso que terminen favoreciendo intereses particulares.
También se necesitan cambios en el Ministerio Público, fortaleciendo la transparencia, la lucha contra la corrupción y la capacidad profesional de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia. Del mismo modo, la Policía Nacional debe contar con capacitación especializada en inteligencia, investigación criminal y herramientas tecnológicas que le permitan enfrentar eficazmente a las organizaciones delictivas.
Resulta preocupante que nuestras autoridades del Poder Ejecutivo realicen viajes al extranjero y anuncien que construirán cárceles en siete meses, mientras el país enfrenta necesidades urgentes y se aproxima a un fenómeno de El Niño. Quisiéramos escuchar anuncios con el mismo entusiasmo y determinación sobre la construcción y modernización de hospitales, la edificación de represas, el fortalecimiento de la agroindustria y la mejora de la infraestructura educativa, entre otras necesidades fundamentales.
Sin embargo, pareciera que las prioridades de nuestros gobernantes no siempre coinciden con las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Mientras más oportunidades de desarrollo existan, mayores serán las posibilidades de prevenir la delincuencia. Debemos promover la equidad, garantizar el acceso a una educación de calidad y ampliar las oportunidades de formación superior para que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y contribuir al progreso del país.
Esto no significa desconocer la necesidad de sancionar a quienes cometen delitos. Las penas deben aplicarse conforme a la ley, pero también es indispensable contar con políticas de rehabilitación y reinserción social. Construir más cárceles sin una estrategia integral que incluya prevención, tratamiento penitenciario y reinserción difícilmente resolverá, por sí solo, las causas profundas de la criminalidad.
Seguimos priorizando anuncios que generan impacto inmediato, mientras postergamos soluciones estructurales. Es hora de que nuestros gobernantes comprendan que gobernar no consiste en ofrecer respuestas llamativas, sino en identificar las necesidades más urgentes, administrar responsablemente los recursos públicos y trabajar por el bienestar común. De lo contrario, continuaremos confundiendo las promesas con los resultados y dejando de lado aquello que verdaderamente nos impide avanzar.
